ELECCIONES DEL PODER JUDICIAL: IMPLICACIONES EN MATERIA LABORAL
La discusión sobre una posible elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial cobró relevancia desde el anterior sexenio, y el pasado primero de junio se materializó como parte de una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo Federal, la cual busca democratizar la justicia y reducir la percepción de elitismo y corrupción, sin embargo, su implementación podría tener efectos profundos en múltiples áreas del derecho, incluyendo el ámbito laboral, que atraviesa una transformación significativa desde la reforma de 2019.
Desde la reforma laboral de 2019, México ha transitado hacia un modelo de justicia más ágil, oral y transparente, ya que el nuevo sistema eliminó las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sustituyéndolas por Tribunales Laborales del Poder Judicial, federales y locales, además de la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros locales de Conciliación.
Esta transformación ha sido bien recibida por sectores laborales y empresariales, al ofrecer mayores garantías de imparcialidad, profesionalismo y celeridad en los procesos, en este contexto, el papel de los jueces laborales se ha vuelto clave para garantizar un sistema laboral justo y eficaz, sin embargo, con la elección judicial, habrá cambios de los titulares de dichos Tribunales.
La propuesta de elección de jueces, magistrados, en el área que nos atañe, por voto popular implicaría que los titulares de los tribunales laborales, entre otros, ya no serían designados mediante carrera judicial, ni por el Consejo de la Judicatura, sino directamente por la ciudadanía.
Se espera con esta nueva forma de designación de personas juzgadoras una mayor legitimidad democrática, pues la ciudadanía tendría un papel directo en la conformación del Poder Judicial federal y estatales, que haya una mayor rendición de cuentas, pues los jueces podrían sentirse más comprometidos con los intereses de los ciudadanos al ser electos por voto directo, así como terminar con el nepotismo, pues se reduciría la influencia de redes internas en el Poder Judicial.
Sin embargo, tenemos graves riesgos con al implementación de las elecciones judiciales, entre las que podemos mencionar la politización de la justicia, ya que los jueces tendrían que hacer campaña, recibir financiamiento y posicionarse políticamente, lo cual pone en riesgo su imparcialidad, también el muchas veces mencionado desconocimiento técnico del electorado, pues la ciudadanía difícilmente podría evaluar la capacidad jurídica o ética de los candidatos, así como por lo que hace a nuestra materia, la incertidumbre en la justicia laboral, pues el nuevo sistema laboral apenas está consolidándose; introducir elecciones podría generar inestabilidad o regresiones en los avances logrados.
El derecho laboral es, por naturaleza, tutelar y protector, por ello, requiere jueces especializados, formados en principios como la equidad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos de las personas trabajadoras. Si estos jueces fuesen electos por voto, podrían adoptar criterios populares pero contrarios al principio de legalidad, afectando la seguridad jurídica, responder a intereses sindicales o empresariales mayoritarios, desvirtuando la imparcialidad esperada del tribunal, así como ser blanco de campañas de desprestigio cuando resuelvan a favor de una de las partes en conflictos sensibles.
En conclusión, el sistema de justicia laboral mexicano ha recorrido un largo camino hacia la transparencia, la profesionalización y la eficiencia, si bien es legítimo buscar una mayor democratización del Poder Judicial, la elección de jueces por voto popular podría poner en riesgo los avances alcanzados, especialmente en el ámbito laboral.
Cualquier reforma judicial debe ser profundamente analizada, abierta al debate técnico y sustentada en el interés superior de la justicia, la independencia judicial no debe sacrificarse por una idea de representatividad mal entendida. Lo que está en juego no es solo la estructura del poder, sino la garantía efectiva de los derechos laborales de millones de personas trabajadoras en México.
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